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Magistrado español. Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en la localidad jienense de Torres. Segundo de los cinco hijos del agricultor y posteriormente empleado de gasolinera Ildefonso Garzón Cruz, estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén. Abandonó los estudios eclesiásticos y la familia se trasladó a Sevilla, donde Baltasar se licenció en derecho por la universidad de la capital andaluza en el año 1979.
Después de superar las oposiciones con el puesto número 11 de un total de 51 aspirantes, comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva. Unos meses antes, en noviembre de 1980, había contraído matrimonio con María Rosario Yayo, con la que tiene tres hijos.
Contra el terrorismo y el narcotráfico
En 1983 ascendió a magistrado y fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almería, donde permaneció hasta que a principios de 1988 fue designado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón
Desde este cargo, como uno de los cuatro jueces encargados de instruir causas contra el terrorismo y el narcotráfico, dictaría numerosos sumarios contra la organización terrorista ETA y varios casos importantes vinculados al tráfico de drogas, como las operaciones «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña, y «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas.
En abril de 1993 solicitó la excedencia para concurrir como número dos de la lista socialista a las elecciones generales de junio, en las que consiguió el acta de diputado. Dicen las malas lenguas que Garzón aspiraba a una cartera ministerial (le dieron un irrelevante cargo de viceministro) y que dejó la política con el ánimo de vengarse de Felipe González, a quien puso en apuros en el marco de la instrucción sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), por el que ordenó la encarcelación de los policías José Amedo y Michel Domínguez, quienes imputarían al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que acabarían también en prisión.
En 1998 intensificó su actividad contra el entorno de ETA. Así, en el marco de una operación muy amplia, acusó a la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK), una coordinadora vasca para la alfabetización de adultos en euskera, de ser el entramado financiero de la banda terrorista. Aunque no pudo demostrar la relación entre ambas organizaciones, se produjeron doce detenciones. Aquel mismo año clausuró el diario Egin y la emisora de radio Egin Irratia, acusados de colaboración con ETA.
Golpe a las dictaduras
También en 1998, año en que se aprobó en Roma el estatuto de la Corte Penal Internacional, ordenó la detención de Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres, acusado de la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la dictadura del general (1973-1990). Este caso dio notoriedad internacional al ya popular juez.
A principios de septiembre de 2000, acusó al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México el 24 de agosto, de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, presuntamente cometidos cuando integraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina durante la dictadura militar (1976-1983).
Este auto ampliaba otro que dictó el 2 de noviembre de 1999 y por el que procesó a noventa y ocho militares argentinos. Según Garzón, Cavallo aparecía imputado ya desde el 7 de julio de 1998 en el sumario que él mismo instruye por delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura militar argentina. Tirando del hilo descubrió la «operación Cóndor», que unía a todas las dictaduras del Cono Sur.
El Tribunal Supremo mexicano concedió la extradición de Cavallo a España en junio de 2003, y un mes después el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogaba la Ley de Punto Final, el decreto de 2001 que impedía la extradición a terceros países de militares acusados de cometer delitos durante la dictadura.
(Torres, Jaén, 1955)
fuente : biografiasyvidas.com Pero la actuación más comprometida y polémica del juez fue la ilegalización de Batasuna, en un auto publicado en Madrid el 26 de agosto de 2002, por un presunto delito de integración en organización terrorista. Previamente, en fecha 3 de mayo de 2002, había dictado auto de prisión contra once miembros del partido radical abertzale.
La ilegalización de la tercera fuerza política vasca levantó ampollas y enturbió aún más la relación entre el partido gobernante en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el gobierno central presidido por José María Aznar, quien desde entonces iniciaría un acoso contra los nacionalistas.
El 18 de marzo de 2003 suspendió las actividades y ordenó la clausura de los locales en España y en el extranjero del Partido Comunista de España reconstituido -PCE(r)- por considerarlo el brazo político de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo), accediendo así a la petición hecha por el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien en octubre de 2002 había presentado un informe en el que señalaba que el comité central del PCE(r) «alimenta ideológicamente el brazo militar de la organización terrorista».
Se podrán decir muchas cosas de Garzón (que es ambicioso, que no desdeñó su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que aspiró a cargos políticos...), pero nadie deja de reconocer que es un juez tenaz. Y eso, en España, y fuera de ella, tiene gran mérito, como lo atestiguan los numerosos premios que ha recibido, entre ellos el Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995), el reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998), el de Mejor Juez de Latinoamérica (1999/2000), la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001) y el Premio Extraordinario al Compromiso Social otorgado por la Confederación de Jóvenes Empresarios (2002).
Amado y odiado a partes iguales, su popularidad no ha dejado de aumentar, aunque él se niega a ser considerado un juez estrella, a no ser que ello signifique que «da luz», que ilumina. Es una de sus ironías, pues sospecha que la reforma judicial pactada por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2001 tiene como objetivo, entre otros cambios, la desaparición precisamente de este tipo de jueces.
A pesar de los reproches de sus colegas y de las recriminaciones del PP en casos como el de Augusto Pinochet o la guerra de Iraq, Garzón ha proseguido con su plan sin inmutarse y haciendo caso omiso de las numerosas amenazas recibidas por quienes son objeto de sus cuidados sumarios.
Su tarea es reunir pruebas y argumentos para que otros jueces de la Audiencia Nacional puedan enjuiciar casos, aunque esos colegas han dejado entrever en más de una ocasión que el trabajo de Garzón no les impresiona. Han puesto en libertad a varios acusados -desde dirigentes de la rama política de ETA hasta narcotraficantes- por falta de pruebas convincentes. Y hasta le llamaron la atención porque en un libro escrito por la periodista Pilar Urbano, Garzón: el hombre que veía amanecer (2001), «cometió quiebras del deber de guardar secretos» que constaban en algunos sumarios por instruir, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Finalmente, el CGPJ no sancionó al magistrado, porque «las pruebas practicadas no han logrado acreditar suficientemente la autoría de tales infracciones». TERMINAMOS Inicio Buscador Índice alfabético Recomendar sitio Añadir a favoritos

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